 |
|
|
|
Diario de tres diarios
|
|
Responsables ‘difusos’ de una muerte
|
|
Juan Carlos Ibarra
|
|
 |
LA SENTENCIA del "caso Berrueta" no recoge todas las responsabilidades que debería. Son responsabilidades difíciles de adjudicar a esta o aquella persona concreta, aunque si nos remitiéramos a las hemerotecas encontraríamos declaraciones suficientes como para empapelar a más de uno. La sentencia condenatoria del policía nacional, su esposa y su hijo por el asesinato de Ángel Berrueta el 13 de marzo de 2004 afirma que aquéllos actuaron por motivos ideológicos y que consideraban al comerciante navarro "un etarra". Los polvos del "todo es ETA" traen estos lodos en los que un ciudadano que nunca ha cometido un delito es considerado miembro de una organización armada y, por ello, recibe las iras de quienes se sitúan en un polo radicalmente opuesto.
Esta práctica no es, sin embargo, privativa de una parte de los creadores de opinión. También desde determinados sectores de la izquierda abertzale más radicalizada se sitúa a ciudadanos con profesiones diversas como ejecutores directos de actuaciones políticas que desembocan, por ejemplo, en muertes de familiares de presos o en la ilegalización de partidos. Estos ciudadanos han sido en no pocas ocasiones objeto de agresiones por ser tachados de "colaboradores con la represión". La diferencia entre ambos casos es que en el primero han sido los poderes públicos, los partidos políticos y los medios de comunicación, los que han impulsado esa "caza de brujas" contra personas, asociaciones y empresas del entorno de la izquierda abertzale. Es decir, los poseedores de esa difusa responsabilidad penal son los que, precisamente, más responsables deberían mostrarse a la hora de tratar materias tan delicadas. |
|
|
|
|
|
|
